El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene cuatro meses para modificar la ordenanza fiscal que regula su tributo metropolitano, un recargo al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se aplica a los propietarios de la capital catalana y los 35 municipios que la rodean. El vicepresidente del AMB, Antoni Balmon, también alcalde de Cornellà, será el encargado de poner de acuerdo a los distintos ayuntamientos y colores políticos, pero encajar las piezas de todo el puzzle no será sencillo y dentro del Gobierno de la gran Barcelona se teme que no pueda ser del actual tamaño: en torno a 130 millones de euros de ingresos anuales. “Será imposible mantener esa cifra”, asumen fuentes de la institución, que no descartan quedarse con los ingresos de 2018, cuando aún no se pagaba ese tributo en 18 municipios de la segunda corona metropolitana: 30 millones menos.
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