La jueza Cristina Luis Vílchez, los abogados de Juana Rivas, los de Francesco Arcuri y el fiscal del caso se han reunido este miércoles por la mañana en una cita que ha durado alrededor de 15 minutos. El objetivo era determinar cómo hacer que el segundo intento de retorno del hijo menor de la pareja con su padre sea mucho más pacífico y menos caótico que en la primera ocasión, ocurrida este martes. El Ayuntamiento de Maracena ha escrito una petición al Ministerio de Presidencia para que tome medidas e impida la entrega del próximo viernes, algo que el ministerio ha señalado que va a estudiar. Mientras, el hijo menor Rivas ha pedido ayuda por carta a Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children.
Reforma de la ley de protección a la infancia
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado este miércoles que quiere iniciar el septiembre la tramitación de la reforma de la ley de protección a la infancia frente a la violencia para que se garantice que los menores sean escuchados en los procedimientos. En declaraciones en Onda Cero recogidas por EFE, Rego ha asegurado que se podría haber evitado la situación y la imagen generadas en relación con la entrega en el punto de encuentro del menor al padre, si se hubiera escuchado al propio Daniel, de 11 años, en la Fiscalía o en un juzgado de guardia. “Daniel no se fue ayer porque no quiso irse, estamos hablando de un niño que tiene derecho a plantear sus temores y sus miedos, y nosotros tenemos la obligación de proteger al niño y poner el interés del menor por delante”, ha señalado la ministra.
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