Los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro por lograr un acceso más equitativo a la salud han derivado en todo lo contrario a sus intenciones. El sistema general, con una cobertura casi universal, está al borde del colapso: faltan medicamentos, las citas con especialistas se demoran meses, los servicios de urgencias cierran sus puertas. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a cargo de administrar las redes de hospitales y clínicas con recursos públicos, gastan 110 pesos por cada 100 que ingresan a sus arcas y denuncian que el Ejecutivo las ha asfixiado financieramente. Mientras tanto, el sector privado crece a un ritmo vertiginoso. Las pólizas y las prepagadas aumentaron sus ingresos en un 17% entre 2023 y 2024, según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la Superintendencia de Salud.
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