En el principio, se recordará, fue la decisión de Alberto González Amador de ofrecer al fiscal, a través de su abogado, un pacto confesándose autor de un delito y aceptando una pena. Seguiría el tóxico infundio propagado por Miguel Ángel Rodríguez, consistente en atribuir falsamente al fiscal la iniciativa de esa propuesta y la supuesta posterior retirada por orden del Gobierno. El fiscal general —¿tenía otra opción?— hizo publicar una nota de rectificación, informando de lo realmente sucedido. Esta, calificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de “hecho delictivo” (!), ha sido perseguida como delito durante meses, hasta que (seguramente por la conciencia de lo inviable) se produjo un cambio del objeto de la persecución. Ahora: la publicidad de la estrategia y de la situación procesal de González Amador, imputada al fiscal general como filtración. Razón: se había interesado por todo lo relacionado con este asunto en el ámbito de la Fiscalía. Obviamente, algo imprescindible para la redacción de la nota.
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