A Aitor, un amante de la arqueología de ocho años, empezó a dolerle la barriga en octubre de 2020, cuando la covid arreciaba en los centros sanitarios. Su abuela y madre legal, Marta Gonzálvez, llegó a llevarlo en cinco ocasiones durante cuatro días por las urgencias del centro de salud de Petrer (Alicante), su pueblo, y del Hospital de Elda, colindante, sin que ningún médico le pidiera una prueba diagnóstica, pese a que presentaba dolores abdominales y vómitos constantes. Finalmente, en solo cinco días, Aitor falleció de peritonitis. “En ese momento, le hice una promesa”, recuerda su abuela, entre sollozos, “que daría hasta la última gota de aliento para que se le hiciera justicia”. Casi cinco años después, una jueza ha condenado por homicidio imprudente a las dos doctoras que atendieron al menor, con penas de dos y un año de prisión e inhabilitación para la práctica de su profesión de 3,5 y tres años, respectivamente. Gonzálvez, su marido y abuelo del menor y la madre biológica, Dolores, recibirán una indemnización de unos 180.000 euros. “Si en nombre de mi hijo se marca jurisprudencia para que nadie vuelva a pasar por lo mismo, a mí me vale”, asegura Gonzálvez a EL PAÍS, “pero nadie me lo va a devolver”.
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