El rechazo del Tribunal Supremo estadounidense a la demanda presentada por México contra las compañías armamentísticas utiliza criterios jurídicos que cierran la puerta al proceso, pero abren nuevas vías políticas que los expertos se esfuerzan en traer a primer plano: si bien la Corte no encuentra argumentos sólidos de que las empresas ayuden o inciten a vender ilegalmente armas a los carteles mexicanos, no niega que esas armas pasan la frontera, por lo que las reclamaciones políticas pueden seguir su curso desde el Palacio Nacional a la Casa Blanca, para que se busquen las maneras de frenar ese tráfico ilegal que deja decenas de miles de muertes cada año, una violencia que en México se cifra en daños económicos equivalentes al 2% del PIB. Quienes han estado implicados en esta demanda en México y las organizaciones que luchan contra las armas señalan además la virtud que ha tenido todo el proceso para concienciar a la sociedad estadounidense del daño que ocasionan esas armas en otros países y la indiferencia que muestra la industria ante el oscuro camino que siguen sus productos al salir de la fábrica y el dolor que causan.
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