La Corte Suprema de Justicia rechazó el martes pasado un recurso en que Cristina Kirchner pedía que se revise una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, dictada por un tribunal oral y ratificada por la Cámara de Casación, que es la máxima instancia penal de la Argentina. El próximo miércoles la expresidenta debe presentarse en la sede de los juzgados federales donde se implementará su detención. La sanción se debe a graves irregularidades cometidas desde el Estado nacional en la administración de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, de la que proceden los Kirchner. En un país caracterizado por innumerables episodios de corrupción política y, sobre todo, por la impunidad judicial frente a esa corrupción, el castigo a alguien tan poderoso como la señora de Kirchner cobija un mensaje edificante. Que ese castigo sea tan inusual obliga a reflexionar acerca de la selectividad que también singulariza a la Justicia argentina.
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