La diputada Gabriela María Abreu Santos, representante de la provincia La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sometió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la creación del Sistema Nacional de Consulta, Registro y Denuncia de Precios (Sirepreco).
La iniciativa, respaldada por decenas de legisladores oficialistas, busca fortalecer el control ciudadano y la transparencia en los mercados mediante una plataforma digital gratuita y de acceso público.
El objetivo central del proyecto es brindar a los consumidores una herramienta confiable para consultar, comparar y denunciar irregularidades en los precios de productos de consumo masivo.
La propuesta se apoya en principios constitucionales y en leyes como la 358-05 sobre protección al consumidor, la 200-04 de acceso a la información y la 42-08 de defensa de la competencia.
Sirepreco funcionaría a través de una aplicación móvil y una plataforma web donde comercios registrados —especialmente supermercados, farmacias y grandes almacenes— deberán actualizar diariamente los precios de productos esenciales. También se habilitará un canal de denuncias públicas para reportar diferencias entre precios publicados y cobrados, promociones engañosas o alteraciones injustificadas.
Sanciones
Además, la ley contempla sanciones que incluyen desde multas de hasta 500 salarios mínimos hasta la clausura de negocios reincidentes o su exclusión del registro de proveedores del Estado.
El sistema será operado por ProConsumidor, que tendrá facultades para coordinar con instituciones como la DGII, Digeig, Inespre, ONE y el MICM, así como con asociaciones comerciales.
“La ciudadanía necesita un mecanismo legal, obligatorio y actualizado para conocer los precios reales y evitar abusos. Esta plataforma no solo democratiza la información, sino que empodera al consumidor”, indicó Abreu Santos en su comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
La diputada también cuestionó la efectividad de plataformas anteriores como “Precios Justos” y “SIDIP 2.0”, argumentando que carecen de cobertura nacional, actualización en tiempo real e integración interinstitucional, lo que limita su utilidad práctica.
El proyecto aún debe ser conocido y debatido en comisión, pero ya genera expectativas como posible respuesta legislativa frente a la inflación y los reclamos por transparencia en los precios. La propuesta incluye educación ciudadana, articulación con observatorios de precios y mecanismos de financiamiento tanto nacionales como internacionales.
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Nuestra fuente:Política Publicado para República Dominicana
