Rubén Calleja estudiaba quinto de primaria en el colegio público González de Lama de León cuando, según cuenta su padre, Alejandro, un maestro decidió que no quería tenerlo en su clase. Rubén tenía síndrome de Down, lo cual no le había impedido asistir al centro durante ocho cursos y encontrarse, afirma Alejandro, “perfectamente integrado”. La Junta de Castilla y León siguió el criterio de aquel docente y al acabar el año dictaminó que Rubén tenía que cambiar a un colegio de educación especial. El niño no quería, su familia tampoco. Empezó entonces una larga batalla política y jurídica, que incluyó una denuncia por parte de la Fiscalía de Menores contra los progenitores por desobedecer el dictamen de la Junta ―en vez de llevarlo al centro especial, lo matricularon en un colegio privado― archivada por la justicia. Una condena a España por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU por impedir que Rubén siguiera en su escuela. Y finalmente una sentencia del Tribunal Supremo, conocida este miércoles, que da la razón a Rubén, que ahora tiene 25 años, y a su familia, y establece que el joven debe ser indemnizado con 25.000 euros por el Estado por haber visto vulnerado su derecho a una “educación inclusiva”.
Nuestra fuente:Lo más visto en EL PAÍS
