“Complicidad y colaboración con ETA”. El diputado del PP Luis Santamaría no se quedó corto en sus acusaciones a Álvaro García Ortiz, que aquella calurosa mañana del 28 de julio de 2022 había acudido al Congreso a pasar el preceptivo examen antes de tomar posesión como fiscal general del Estado. Medios conservadores estaban publicando que el hasta entonces número dos de la Fiscalía había ordenado declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), ya había publicado una nota negando haber recibido “ningún tipo de directrices”. Pero las grandes cabeceras de la derecha madrileña seguían martilleando. Y el diputado Santamaría estaba allí para repartir leña: el nuevo fiscal del Estado colaboraba con ETA.
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