El proceso electoral celebrado el pasado domingo en México —en el que se eligieron por “voto popular” casi 900 jueces federales, incluidos los integrantes de la Suprema Corte, y más de 1.800 cargos judiciales locales— no solo marca un precedente inédito a escala global. De hecho, parece “inaugurar” un camino riesgoso bajo una cobertura con sonido democrático: la transformación de la justicia en un campo abierto de disputa política directa. Con todo lo que eso puede significar: campañas electorales, dinero para “bancarlas”, favores políticos ofertados …y demás.
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