La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en las universidades públicas de la región un nuevo campo de batalla político, a juzgar por el reciente borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) al que ha tenido acceso este periódico, y fechado el 29 de mayo. A la asfixia económica a la que somete a los seis campus madrileños, tal y como denuncian los rectores desde hace un año, se suma ahora un proyecto legislativo que entra de lleno en la autonomía universitaria. Lo más llamativo es el régimen sancionador, insólito por su severidad y por el potencial para restringir la independencia académica y para chocar con otras normas estatales. Incluye como infracciones “graves” los escraches o manifestarse sin autorización para impedir otra actividad. Este grado de faltas pueden ser castigadas con hasta 100.000 euros.
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