En una de las empinadísimas calles que rodean la sierra del Ajusco, en el sur de Ciudad de México, una patrulla de la Guardia Nacional vigila la casa de Brenda Quevedo. Los agentes piden el nombre a los visitantes, recomiendan espacios de estacionamiento. Están pendientes. Qué bueno, podría pensar cualquiera. La están cuidando. Y no es para menos. Quevedo ha sufrido durante años el castigo del Estado, influenciado por una mujer, Isabel Miranda de Wallace, que la colocó en el centro de la diana. Fue ella, defendió Wallace, quien organizó al grupo de criminales que secuestró y descuartizó a su hijo. Fue ella, femme fatale, la llegaron a llamar, el símbolo de un crimen que, 20 años después, parece que ni siquiera ocurrió.
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