Los conductores que hirieron de gravedad a cuatro personas y mataron a dos en el último mes mientras calibraban sus motocicletas no tienen mucho que temer en la justicia, pues la Ley de Tránsito (63-17) es sumamente benévola con ellos.
Ocasionar una lesión permanente a otra persona cuando se conduce puede costar, después de un proceso judicial que normalmente se extiende por varios años, una pena máxima de 1 año de prisión.
Ese es el castigo al que pueden aspirar los padres de la niña de cinco años a quien un motociclista atropelló en enero del 2024 cuando hacía malabares en una sola rueda y le provocó la amputación de una pierna.
El hecho ocurrió en Bayona, Santo Domingo Norte, y el caso sigue conociéndose en los tribunales después de un año y medio.
La diferencia entre herir y matar a alguien puede ser mínima si se usa como arma el volante o el timón de un motor, pues las penas por causar la muerte a alguien oscilan entre uno y tres años de prisión.
Esa podría ser la suerte de un joven que mató a una señora de 66 años calibrando su motocicleta en San Francisco de Macorís el 10 de julio y se entregó a la Policía Nacional el jueves 17. También tiene a su favor la edad, pues es un adolescente de 17 años.
“Ella no murió, a ella la mataron. Ese señor calibrando la mató y hoy deja a una familia devastada”, lamentaba su hija.
Dos semanas antes, otro motociclista elevado sobre un neumático causó la muerte a un joven boxeador de 29 años llamado Walberson Meléndez e hirió a su sobrino de 11 años, en Santiago. Huyó de la escena y todavía no ha sido encontrado.
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En esa misma provincia y haciendo las mismas maniobras, un niño de cinco años fue atropellado el día 8 y una mujer el 18.
La ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aumenta un poco las sanciones cuando el culpable del accidente provoca la tragedia bajo siete agravantes, pero ninguna de ellas incluye la práctica tan común conocida como calibrar.
Son ellas la conducción con uso de celular; el exceso de velocidad; violación a la luz roja, la señal de pare o ceda el paso; tomar alcohol; realizar competencias de vehículos; transitar sin la revisión técnica vigente, y no tener póliza de seguro.
Un proyecto de ley que buscaba agregar el agravante de “conducir motocicletas levantándolas en una rueda en las vías públicas” se aprobó en primera lectura en diciembre del 2023 en el Senado y luego se dejó perimir.
A los condenados con un agravante se les eleva el grado de punibilidad a la escala inmediatamente superior de manera que causar una lesión permanente se sanciona igual que ocasionar la muerte (uno a tres años) y al fallecimiento se impone la pena máxima de tres años.
Con todo esto, la pena mayor se mantiene en tres años.
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre las muertes y lesiones que producen específicamente los conductores que hacen estas maniobras, cada año se conocen decenas de casos a través de los medios de comunicación y otros se quedan en el ámbito privado.
Los más peligrosos
Los motoristas lideran todas las estadísticas sobre violaciones a las reglas de tránsito, muertes, accidentes y lesionados, convirtiéndose en un problema que las autoridades no han podido mitigar.
Es el vehículo más abundante en las calles, con 3,531,967 unidades registradas hasta el 2025, un 57% del parque vehicular, y el más conducido sin licencia.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) registra 28,090 licencias vigentes de la primera categoría, lo que se traduce en que sólo el 0.80 % de los conductores tienen este documento.
En el 65 % de las muertes en accidentes de tránsito estaban involucradas las motos. Unos 604 fallecidos de un total de 924.
Al mismo tiempo, la infracción vial más frecuente es la conducción sin casco protector (370,528 casos de 1,503,41 en el año 2023).
Según los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Obsevi), el grupo etario de 20 a 24 años presenta la mayor tasa de mortalidad, con 127 fallecidos, representando el 17.1% del total de fallecimientos.
Nuestra fuente:Política Publicado para República Dominicana
