El 10 de junio de 2020, hace cinco años, el Congreso de los Diputados dio luz verde al ingreso mínimo vital (IMV), en plena pandemia de coronavirus y sin votos en contra. “Desde entonces ya ha llegado a un millón de hogares y tres millones de personas. Es una red de seguridad que ha evitado que miles de personas caigan en la exclusión”, ha sintetizado este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En un acto en el que el Gobierno ha celebrado el aniversario de esta prestación para personas vulnerables, la primera de estas características con ámbito estatal, Saiz ha reconocido el reto pendiente: la brecha de cobertura, la proporción de potenciales beneficiarios que aún no acceden al IMV. Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en 2023 eran el 56%, aunque la mitad de ellos sí perciben rentas mínimas autonómicas.
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