Unos 1.200 menores migrantes no acompañados, la mayoría adolescentes que han huido de la violencia en Malí, llevan más de dos meses esperando que el Gobierno cumpla por fin una orden del Tribunal Supremo. Son los solicitantes de asilo actualmente acogidos por Canarias que, según dictó el alto tribunal el 25 de marzo, deben pasar al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Supremo dio entonces 10 días improrrogables para cumplir la medida cautelar, solicitada por el Ejecutivo canario. Ese plazo se ha extendido hasta ahora en lo que parece un mero intento de ganar tiempo.
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