
Álvaro García Ortiz está dispuesto a enfrentar una situación insólita en casi 50 años de democracia: la de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. El máximo responsable del Ministerio Público no tiene intención de dimitir a pesar del auto del juez del Tribunal Surpemo, Ángel Hurtado, conocido este lunes, que lo sitúa al borde de ser juzgado por supuesta revelación de secretos. Fuentes jurídicas del entorno del fiscal defienden su inocencia y justifican que no dará un paso atrás porque no cometió, según insisten, el delito que le atribuye el instructor.
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