A un año de las elecciones presidenciales en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro parece decidido a romper con las reglas de prudencia fiscal. O, al menos, a suspenderlas. Ya lo dijo el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la mayor cumbre bancaria anual celebrada la semana pasada en Cartagena de Indias: la norma vigente, de 2011, no es un texto sagrado. Aunque esté en la Constitución, no debería ser vista como una “religión”. Su diagnóstico es que, por el contrario, supone un obstáculo para el despegue de la economía. Una postura en contra, al igual que en otros frentes, del consenso técnico en torno a la necesidad de mantener la disciplina en materia de deuda y gasto.
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