El Gobierno mantiene su apoyo hasta el final sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y da un salto más en su crítica al auto del juez del Supremo Ángel Hurtado. El Ejecutivo no llega a acusarlo de prevaricación, el delito más grave para los jueces —tomar una decisión injusta a sabiendas—, pero casi dice lo mismo con otras palabras para evitar plantear actuaciones delictivas de un magistrado y, políticamente, lanzar el mismo mensaje.
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