La reforma de la Ley de Ciberseguridad en Puebla ha desatado un torbellino de críticas y preocupaciones entre activistas y periodistas. El cambio legislativo permite imponer penas de once meses a tres años de prisión por insultar en redes sociales. Varios colectivos han advertido que ahora la ley permite que los delitos puedan ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, especialmente contra periodistas y medios de comunicación. Laura Artemisa, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, defiende la reforma como una herramienta para proteger a menores en la red pese al rechazo de las organizaciones civiles.
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