Abierta la espita de la guerra total contra Irán, el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio un paso más el pasado fin de semana. Cruzó una de las últimas líneas rojas: la de los ataques directos a infraestructuras energéticas, como depósitos de carburantes e instalaciones para el procesamiento de gas natural. El movimiento no solo pone en riesgo la matriz exportadora del país persa, muy dependiente de lo fósil: amenaza, también, con agravar la espiral alcista de los precios, golpeando así a la mayoría de socios tradicionales de Israel en Occidente. Europa depende casi íntegramente de las importaciones de petróleo y gas, y su economía es tremendamente sensible a su coste. Y Estados Unidos, pese a haberse convertido en los últimos años en un gran productor de crudo, necesita gasolina barata para que el consumo privado no se resienta.
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