El Senado italiano adoptó definitivamente el miércoles 5 de junio el nuevo decreto-ley de seguridad.
Fuertemente impulsado por el vicepresidente del Consejo y jefe de la Liga Matteo Salvini, el texto es muy criticado, ya que contiene disposiciones particularmente represivas, que van desde la limitación de la libertad de manifestación hasta las expulsiones aceleradas de viviendas ocupadas ilegalmente.
Para la oposición, el gobierno de derecha populista de Giorgia Meloni está en una peligrosa deriva autoritaria, llevando a Italia "de vuelta a los tiempos del fascismo".
El texto fue adoptado por el Senado con 109 votos a favor y 69 en contra, después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados el 29 de mayo, informa nuestra corresponsal en Roma, Anne Le Nir.
Entre las medidas más criticadas por la oposición, se puede citar el refuerzo de la protección y la ayuda financiera para los policías o carabineros implicados en casos de violencia.
Otras disposiciones criticadas: el endurecimiento de las penas por revueltas en las prisiones o en los centros para migrantes, incluso si se trata de resistencia pasiva.
O también, la obligación de encarcelamiento para las mujeres embarazadas o madres de un niño pequeño culpables de delitos, como el hurto menor.
Según la líder del Partido Democrático (centroizquierda) Elly Schlein, la derecha y la extrema derecha sumergen a Italia en un pasado lejano: "Este decreto-ley de seguridad nos lleva de vuelta a los tiempos del código fascista Rocco adoptado en 1930. Mis felicitaciones", lanzó muy sarcásticamente.
Pero el inspirador del texto legislativo Matteo Salvini se regocija: "¡Es un hermoso día! Finalmente, el decreto-ley será convertido en ley", se congratuló el jefe de la Liga (extrema derecha) y vicepresidente del Consejo.
La Primera ministra Giorgia Meloni, por su parte, también saludó la adopción en las redes sociales: "El gobierno da un paso decisivo para aumentar la protección de los ciudadanos y de los hombres y mujeres uniformados".
"Formas habituales de protesta sindical" pronto castigadas con prisión
El texto ha sido objeto de numerosas manifestaciones en los últimos meses. El sábado 31 de mayo todavía, miles de personas habían manifestado en Roma contra la ley, enmarcados por un importante dispositivo policial y pasando por lugares emblemáticos de la capital italiana.
Las movilizaciones fueron organizadas no solo por la oposición al gobierno muy derechista, sino también por los sindicatos y organizaciones de juristas.
"Consideramos esta ley como el ataque más importante contra la libertad de estar en desacuerdo" con el gobierno "de la historia de la Italia republicana", había declarado el abogado Cesare Antetomaso, miembro de la Asociación Nacional de Juristas Democráticos.
El abogado Antetomaso reprocha así el hecho de que "las formas habituales de protesta sindical, como bloquear las carreteras, pueden ser castigadas con una pena de hasta dos años de prisión".
Lo que antes no era considerado más que una infracción administrativa, el bloqueo de carreteras durante manifestaciones, incluso pacíficas, es ahora un delito que puede conllevar una pena de prisión de hasta dos años.
Esta nueva ley ha creado 14 nuevos delitos y nuevas circunstancias agravantes, como por ejemplo una simple amenaza contra miembros de las fuerzas del orden durante una manifestación.
"Asistimos a una reducción de todos los derechos sociales"
"Asistimos a una deriva represiva que busca reducir el espacio del desacuerdo democrático porque al mismo tiempo asistimos a una reducción de todos los derechos sociales", estima por su parte Livio, un estudiante que no desea dar su apellido.
"No hay que subestimar la preocupación de los italianos" con respecto a la seguridad, pero "no se puede pensar en resolverla inventando un nuevo delito cada semana", ya había reaccionado Elly Schlein, durante la adopción de la ley por los diputados.
