Estados Unidos va a gastar 45.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para aumentar su capacidad de encarcelamiento de migrantes. El objetivo de este presupuesto sin precedentes para el engranaje central en la máquinaria de deportación de Donald Trump es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) más que duplique las camas que tiene disponibles para detenidos. Se estima que el 90% de esa población penitenciaria, que actualmente roza los 60.000, está en celdas de centros manejados por un puñado de empresas privadas que monopolizan el boyante negocio carcelario estadounidense. Estas fueron importantes donantes a la campaña presidencial de Trump y tienen lazos estrechos con algunos de los miembros más influyentes de la actual Administración. Ahora, su apuesta por la cruzada antimigrantes de Trump está a punto de darles unos dividendos históricos.
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