Las condiciones laborales de la administración pública son mejores que las de la mayoría de actividades privadas: estos empleados cobran un promedio de 2.949 euros brutos al mes, muy por encima de la media (2.273), y la jornada pactada semanal es de 35,8 horas, dos horas y media menos que el promedio e incluso por debajo de la reforma que plantea el Gobierno. A ello se suma la seguridad de que, con plaza de funcionario y si no hay negligencias, no te pueden despedir. Y, a la vez, es el sector con menor presencia de extranjeros de toda la economía española: son solo el 1,3% de los afiliados a la Seguridad Social en esta rama de actividad (el funcionariado más canónico y las fuerzas de seguridad, sin incluir a sanidad o educación), pese a representar el 14% de la fuerza laboral española. Son tan pocos entre los funcionarios como hace diez años, cuando había la mitad de extranjeros empleados en España. Cada vez son más en el sector privado, especialmente en los terrenos más precarios, y, al mismo tiempo, son anecdóticos en la administración.
Un problema estadístico
Los expertos en política pública siempre insisten en la importancia de la precisión en los datos para abordar cualquier problema. Este, el de la escasez de extranjeros en la administración pública, es un buen ejemplo de carestía. Las cifras de este reportaje parten de las de afiliación a la Seguridad Social y la desagregación por actividades, en las que hay un apartado que se llama admnistración pública y defensa; seguridad social obligatoria. Recoge en torno a un millón de empleados, una muestra potentísima, pero que no recoge a otros dos millones de trabajadores públicos que sí contempla la estadística de referencia del empleo público: el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El problema es que este boletín, que desagrega al máximo por edades, sexo o territorios, no lo hace por nacionalidad. Este periódico se lo ha solicitado al ministerio, pero no ha obtenido respuesta. Esa estadística sí incluye a cientos de miles de empleados autonómicos de la sanidad, donde hay más empleados extranjeros, y de educación, que quedan fuera del mencionado aparado de la Seguridad Social. Sea como sea, de vuelta a la estadística de afiliados, los extranjeros están muy por debajo del promedio en ambos sectores (teniendo en cuenta que se mezclan públicos y privados), tanto en sanidad (6,2%, frente al promedio del 14,1%) como en educación (5,6%).
"Es importante señalar", insiste el Ministerio de Función Pública, "que España tiene convenios de doble nacionalidad con bastantes países. Por tanto, estos ciudadanos que, por ejemplo, tienen la nacionalidad colombiana y española no aparecería en el porcentaje de extranjeros en la Función Pública”. Es cierto, pero el dato apenas cambia al tomar en cuenta esa variable: según datos desagregados por el INE para este periódico a partir de la Encuesta de Población Activa, en 2024 los empleados en administración pública de doble nacionalidad eran el 1,3% del total, a los que se agrega un 0,9% de extranjeros y un 97,8% de españoles. Ha crecido con fuerza la proporción de doble nacionalidad, ya que en los años precedentes rondaba el 0,8%, pero sigue representando una porción minúscula.
Nuestra fuente:EL PAÍS América Colombia: el periódico global… en EL PAÍS Publicado para Colombia
