El 16 de julio el Supremo volverá a pronunciarse sobre uno de los debates judiciales más agitados de los últimos años: si las indemnizaciones adicionales por despido improcedente, superiores al máximo que establece el Estatuto de los Trabajadores, tienen cabida con las reglas de juego españolas. Tras una cascada de sentencias que reconocían estas compensaciones superiores a los 33 días por año trabajado, el pleno de la Sala de lo Social del Supremo pegó un primer portazo en diciembre del año pasado, pero entonces no analizó la ratificación de la Carta Social Europea, se limitó a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ratificado. El análisis se completa a mediados de julio, esta vez tomando en cuenta la Carta ratificada por España en 2021, un debate ante el que ya se ha posicionado la Fiscalía del Supremo: rechaza la posibilidad de una indemnización superior a la tasada.
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