El Gobierno andaluz, en manos del PP, ha arrebatado hace dos semanas a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la fiscalización de la mayoría de sus cuentas en plena tormenta judicial por los casos de los contratos de emergencia sanitarios. El movimiento desde la cúpula de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos supone despojar a la interventora del SAS del control financiero permanente, que atañe a más del 80% de sus contratos ―conciertos, contratos de obras, servicios y suministros sanitarios―. Pero también le quita la decisión sobre qué información mandar ―y cuál no― a los juzgados de Sevilla y Cádiz, que desde ahora se tomará desde los servicios centrales de la Intervención General, a un año escaso de las elecciones andaluzas.
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