Una estela de sangre ya venía manchando la precampaña electoral colombiana antes de que un sicario adolescente le disparara al senador Miguel Uribe Turbay el sábado 7 de junio. Solo entre enero y abril de este año habían sido asesinados 34 líderes políticos, sociales y comunales, y otros 20 habían sufrido atentados, de acuerdo con los registros que lleva la Misión de Observación Electoral (MOE). Medios y autoridades reseñaron los crímenes, pero la repercusión fue menor porque las víctimas no eran candidatos, mucho menos presidenciales, y porque la mayoría de los casos ocurrieron en municipios apartados y en zonas rurales. Si se suman a ellos las víctimas de amenazas y de secuestros, fueron en total 128 acciones violentas contra personas que ejercen esos liderazgos.
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