Todos los problemas derivados del mal diseño de la reforma judicial se han agolpado a las puertas del Instituto Nacional Electoral (INE), que debe lidiar ahora con las consecuencias y un escaso margen de maniobra. El mal desempeño de los comités de evaluación de los tres poderes, que establecieron requisitos demasiado bajos y ni siquiera revisaron con diligencia que los postulantes a jueces y magistrados los cumplieran, ha acorralado al organismo electoral, cuyos consejeros enfrentan un intenso debate sobre cómo enmendar a posteriori su mala gestión. El proceso de validación de triunfos de los candidatos vencedores el 1 de junio, la última tarea del INE, aparentemente sencilla, se ha convertido en el punto de confluencia de todos los fallos y en el último cortafuegos, junto con lo que decida el Tribunal Electoral, entre los candidatos cuestionados por su falta de idoneidad y los juzgados que deberán encabezar a partir del 1 de septiembre.
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