Después de recibir múltiples críticas sociales de inversionistas, abogados, hoteleros, comerciantes y bancos, una comisión especial de la Cámara de Diputados modificará el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles que ya fue aprobado en primera lectura hace un mes.
Después de esa primera aprobación, la Cámara de Diputados recibió observaciones de sectores que están en contra de la pieza y que consideraron que el proyecto, lejos de fomentar los alquileres, desincentiva la inversión inmobiliaria.
En ese sentido, el diputado Amado Díaz, presidente de la comisión especial que tiene en sus manos la pieza de los alquileres, informó que los legisladores estarían modificando las piezas en aspectos como sanciones menos rígidas para los propietarios y más libertad en el contrato de renta.
Según explicó, más del 90 % de las sugerencias recibidas en unas vistas públicas fueron acogidas, ponderadas e incorporadas al proyecto.
Las sanciones
Uno de los puntos modificados fue la exclusión del propietario dentro de los artículos sancionadores, algo que, según Díaz, fue un error, ya que el propietario no ejecuta directamente los procedimientos legales ni los desalojos por falta de pagos, sino sus abogados.
Este aspecto fue finalmente referido a la ley de fuerza pública, que ya contempla sanciones y así se evitan duplicidades en la ley de alquileres.
De acuerdo con el artículo 51 del proyecto aprobado en primera lectura, en caso de que un propietario, abogado o alguacil ejecute un desalojo sin agotar un trámite judicial, enfrentaría penas de hasta cinco años de prisión.
Díaz explicó que uno de los ejes centrales de la propuesta legislativa es establecer un “pronto despacho” para los casos de demanda por falta de pago y, por tanto, las modificaciones al proyecto plantearían que en un plazo de entre 45 y 60 días se pueda proceder a la expulsión del inquilino moroso.
El legislador defendió esta medida, señalando que, aunque la vivienda tiene un componente social, este debe ser garantizado por el Estado y “no por personas particulares que hacen grandes esfuerzos para construir una vivienda y vivir de su renta”.
Locales comerciales
Además, los cambio al proyecto también incluyen una diferenciación entre las viviendas y los locales comerciales. Para las viviendas se contempla un procedimiento de desalojo más ágil, mientras que, para los locales comerciales, debido a las inversiones millonarias que a menudo requieren, el proceso se envía a un tribunal ordinario.
Los bancos
Sobre las observaciones de la Asociación de Bancos, que advirtió que la iniciativa podría implicar una carga adicional para las entidades financieras al permitir que los depósitos de alquileres se hagan en cualquier banco, Díaz aclaró que el proyecto no impone ninguna obligatoriedad al respecto.
En ese orden, precisó que se trata de una opción que se le da al inquilino para que, si no desea que el Banco Agrícola conserve sus depósitos, pueda solicitar que el dinero se guarde en una cualquier entidad bancaria cercana al inmueble alquilado.
Díaz explicó que esa disposición busca dar garantías al inquilino, pero sin imponer al propietario el deber de utilizar obligatoriamente esa vía.
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana advirtió que el proyecto de los alquileres les impondría cargas ya que, en su artículo 15, la pieza establece que los depósitos pueden mantenerse en cualquier banco y que, además, las entidades financieras deberán remitir el contrato de renta al Ministerio de la Vivienda para que el Estado tenga un control estadístico de los inmuebles.
Acuerdo libre
Además, el diputado subrayó que los cambios también abarcan mantener la naturaleza privada del contrato de alquiler, entendiéndolo como un acuerdo entre dos partes, en el que el Estado solo debe intervenir en caso de desacuerdo.
Aseguró que el contenido de la ley está orientado a respetar la voluntad de las partes involucradas y que la intervención estatal se limitará al ámbito punitivo cuando sea necesario.
Finalmente, reconoció que, dado que restan pocos días para el cierre de la actual legislatura, es muy probable que el proyecto se conozca en la próxima, que iniciará el 16 de agosto. Estimó que, durante la primera o segunda semana de la nueva legislatura, la Cámara Baja retomará su estudio y se avanzará hacia su aprobación definitiva.
Nuestra fuente:Política Publicado para República Dominicana
