Javier Postigo unió los puntos tras leer un titular el pasado 10 de junio: “La Comisión Europea sacará a Gibraltar de su lista de jurisdicciones con riesgo de blanqueo de capitales”. Cogió su teléfono y le escribió a uno de sus compañeros, transfronterizo como él del sector sociosanitario: “Esto significa que el acuerdo estará antes del verano”. Ni un día hizo falta para que su impresión se confirmase; hubo apretón de manos en Bruselas.
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