En septiembre de 2021, México vivió un momento histórico: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que criminalizar el aborto va en contra de la Constitución. Desde entonces, los congresos estatales han respondido de manera desigual: algunos acataron el fallo y reformaron sus Códigos Penales para despenalizar la interrupción del embarazo; otros mantienen penas de cárcel; y algunos más han sido obligados por resoluciones judiciales, ya sea locales o federales, a hacer los cambios necesarios.
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