La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió este jueves una indagación contra el gabinete de ministros del presidente Gustavo Petro por haber firmado ayer el Decreto 639 con el que el mandatario convocó a una consulta popular sobre su reforma laboral pese a que eso es competencia del Senado.
La publicación del coloquialmente llamado "decretazo", con la firma de los 18 ministros o sus delegados, es objeto de una enorme controversia porque políticos de oposición ya les habían advertido de que, en caso de hacerlo, serían demandados penalmente por el supuesto delito de prevaricato.
"El día de hoy, en virtud de una queja presentada por varios ciudadanos, se abrió una indagación preliminar contra todos los ministros que firmaron el decreto 639 de 2025.
En virtud del fuero disciplinario que cobija a los ministros del despacho, esa indagación la tramita la Sala disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación", señaló esa entidad en un comunicado.
Uno de los demandantes contra el gabinete es el concejal bogotano Daniel Briceño, del partido uribista Centro Democrático, quien celebró en X la apertura de la indagación y señaló: "Necesitamos respuestas inmediatas, no más impunidad".
Consulta popular para el 7 de agosto
Petro decidió convocar la consulta popular para el próximo 7 de agosto luego de que el Senado rechazara su proyecto de reforma laboral, en marzo pasado, y en mayo hiciera lo mismo con una solicitud del mandatario de aprobar la consulta como alternativa.
La Procuraduría señaló además que interviene en dos procesos que se siguen en el Consejo de Estado contra la votación del Senado que el 14 de mayo "rechazó la solicitud de consulta popular presentada por el gobierno nacional".
La semana pasada Petro advirtió a sus ministros que quien no estuviese dispuesto a firmar la convocatoria de la consulta popular debería dejar el cargo.
Además de las demandas contra los ministros por firmar un instrumento que, según juristas no es de su competencia, también ha sido demandado el decreto en sí, sobre cuya validez deberán pronunciarse el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo) y la Corte Constitucional.
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