El Gobierno laborista del Reino Unido asumió las tareas y costes derivadas de un fiasco que no fue responsabilidad suya: el programa secreto para evacuar a miles de afganos cuyas vidas y libertad fueron puestas en peligro al filtrar el Ministerio de Defensa británico un listado con sus nombres e información de contacto. Pero el primer ministro, Keir Starmer, no está dispuesto a asumir también las culpas de un escándalo que ha puesto en entredicho la eficacia internacional del país.
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