El 28 de febrero de 2014, decenas de fiscales, policías federales y funcionarios de Hacienda llegaron a la sede de la Oceanografía, en las costas de Ciudad del Carmen (Campeche), a bordo de autobuses y escoltados hasta por helicópteros de la Marina. La Fiscalía embargaba la naviera,uno de los principales proveedores de servicios de perforación en altamar de Pemex, luego de que Banamex la denunció por la supuesta falsificación de las facturas con las que le canalizaba pagos provenientes de la petrolera estatal. El caso Oceanografía acaparó los titulares por la magnitud del presunto fraude (de 400 millones de dólares) y por la rudeza con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió a la compañía. La naviera fue sometida a un proceso de quiebra, y su dueño, Amado Yáñez, pasó más de dos años en la cárcel. Una década después, la historia ha dado un vuelco y ahora Citigroup, matriz del banco, ha sido acusado en Estados Unidos y México de orquestar un quebranto multimillonario contra el propietario y los acreedores de la naviera.
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